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Según un informe publicado por Fundación Naturgy y Deloitte, el sector energético amplifica su política de gestión responsable evaluando con criterios ASG al 77% de sus colaboradores

El sector energético ha sido uno de los primeros en implantar una gestión basada en criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). A día de hoy, hasta un 67% de las empresas de energía en nuestro país dispone de políticas y planes de sostenibilidad, con compromisos específicos de contribución y generación de valor para todos sus grupos de interés. Son datos del informe ‘La contribución del sector energético español a los nuevos objetivos sociales europeos’, publicado por Fundación Naturgy y elaborado por la consultora Deloitte, que se presentó hoy en Madrid.

Concha Iglesias, socia líder de Sostenibilidad y Cambio Climático de Deloitte España y directora del estudio, ha presentado las principales conclusiones del informe. En este sentido, ha destacado que “la sostenibilidad es un pilar estratégico para el sector energético. Su fuerte vinculación con el territorio, la naturaleza de su propia actividad y su acreditada experiencia en este tipo de iniciativas motivan al sector a reforzar su compromiso por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr una transición justa basada en la Agenda 2030”.

Las empresas energéticas realizan el 12% de los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial que se llevan a cabo en nuestro país, principalmente en los ámbitos de la vulnerabilidad energética, la creación de empleo, la preservación del medio ambiente, la ciencia, la cultura y el deporte. Destaca que casi el 50% de las empresas energéticas cuenta con planes específicos para paliar la vulnerabilidad energética.

El informe cuantifica la contribución social de las compañías energéticas españolas, mostrando su retorno social y ambiental positivo, más allá del beneficio económico, y en términos de riqueza, empleo, calidad de vida, diversidad, protección de personas en situación de vulnerabilidad, cuidado ambiental, entre otras acciones.

Los datos estadísticos se han obtenido mediante el análisis comparativo de la información pública de hasta 21 de las principales empresas del sector energético en España, de distintos tamaños, que abarcan toda la cadena de valor y suponen más de un 85% del negocio energético en nuestro país.

Liderazgo en medidas para paliar los efectos de la pandemia

En el plano social, el documento destaca que el sector energético español fue uno de los primeros en reaccionar ante el coronavirus en movilización de recursos y ayudas, con medidas específicas fundamentalmente para sanitarios, clientes y sociedad, en general, y con mayor dedicación a grupos vulnerables. Su contribución se calcula en más de 30 millones de euros en conceptos de donaciones directas y planes de acción.

El informe señala también la voluntad de las energéticas españolas por estrechar vínculos con la sociedad y las comunidades, mediante iniciativas específicas de patrocinio y acción social en las zonas donde operan, en las que invirtieron solo en 2020 más de 85 millones de euros. 

Según el World Energy Trilemma Index 2021, el sector energético español es uno de los más sostenibles del mundo y ocupa el puesto número 10 de los 127 países analizados. Es, además, líder en España en materia de prevención de accidentes laborales, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y uno de los más involucrados en la sostenibilidad de sus proveedores: un 77% de los cuales son evaluados con criterios ESG.

En cuanto a su contribución a la riqueza y desarrollo de la sociedad española, el sector energético se erige como fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda 2030. Según datos del INE de 2019, el sector energético supone una aportación directa del 2,8% del PIB nacional (unos 34.561 millones de euros) y genera más de 68.000 puestos de trabajo directos.

Durante el acto de presentación, Oliverio Álvarez, socio responsable de Regulación Energética de Deloitte España, moderó una mesa redonda abordando la temática del informe.  En ella, participaron expertos en sostenibilidad y reputación corporativa de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, Sedigas, Caixabank y Naturg, que coincidieron en afirmar que “la transición energética será social o no será”.

La directora Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, Nuria Rodríguez, recordó que los criterios sociales forman parte de la estrategia de Naturgy desde hace mucho tiempo, y que la pandemia ha hecho aflorar nuevamente su importancia en el marco de la gestión ASG, que está en el centro de su Plan Estratégico a 2025. Rodríguez puso como ejemplo más reciente de la compañía el reciente lanzamiento de su tarifa “Compromiso”, que asegura a los clientes un precio de pool a 65 euros durante tres años.

En su intervención, Marta García De Oteyza, senior manager de Responsible Banking del Santander, hizo hincapié en que “la forma de alcanzar los objetivos ambientales no puede dejar de lado los objetivos sociales” y explicó la propuesta del banco basada en el beneficio con propósito. “Hemos hecho una propuesta de negocio que responde al lema doing well by doing good”, en el que, por ejemplo, las microfinazas juegan un papel muy destacado en la contribución a los ODS.

Joan Batalla, presidente de SEDIGAS, destacó la importancia del arraigo territorial de la industria gasista en toda su cadena de valor, lo que contribuye al desarrollo de las comunidades, y puso en valor los gases renovables como una apuesta a medio y largo plazo para descarbonizar la economía y por su impacto social en la economía circular y en la generación de empleo”, especialmente en el marco de la España vaciada.

El director general de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, Carlos Ballesteros, explicó el   papel que juegan la pequeña y mediana empresa en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS,e hizo un llamamiento a la necesidad de pedagogía y comunicación a la sociedad.

Oliverio Álvarez recalcó el papel que puede jugar el sector en algunos objetivos clave en el ámbito social. Para Oliverio Álvarez, “la energía es un bien básico y necesario para el desarrollo de las comunidades y sus sistemas económicos. El bienestar social, la competitividad industrial y el funcionamiento general de la sociedad dependen del suministro de una energía segura, fiable, sostenible y asequible”.

Por su parte, Pablo Zalba, socio responsable de Regulación y Políticas Públicas Europeas y Españolas de Deloitte, abordó con una ponencia los principales aspectos de la taxonomía social. En ella, destacó que “la COVID-19 está impulsando la sostenibilidad, desde la perspectiva medioambiental, pasando a ser uno de los ejes centrales de la transformación de nuestro modelo de crecimiento económico. La pandemia ha demostrado también la necesidad de reforzar la sostenibilidad social. Por ello, damos la bienvenida a la propuesta de la Comisión Europea de desarrollar una Taxonomía Social”.

La presentación finalizó con el discurso de clausura de Lucas González, director general adjunto de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, quien ahondó en la visión de esta institución sobre la importancia de la taxonomía social para unificar los criterios de impacto social de las inversiones.

María Eugenia Coronado, directora general de la Fundación Naturgy, que ha beneficiado ya a más de 120.000 personas con sus programas sociales, destacó los proyectos de innovación social que está llevando a cabo su institución para cerrar el círculo de una transición energética justa.

El informe presentado hoy forma parte de las actividades de divulgación de la Fundación Naturgy. Todas sus publicaciones se pueden consultar en el Centro de Conocimiento de su web. La Fundación, creada en 1992 por la compañía energética, también desarrolla programas de acción social, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la vulnerabilidad energética. •••