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Los expertos advierten de que las limitaciones presupuestarias de algunos países condicionan la política de ayudas y podrían dar lugar a una salida asimétrica de la crisis en Europa
La contracción económica sin precedentes generada por la COVID-19 ha obligado al Gobierno español y a las autoridades europeas a adoptar medidas laborales, fiscales y financieras destinadas a paliar las carencias de liquidez y reducir la destrucción de empresas y de empleo. El último número de Cuadernos de Información Económica, publicación editada por Funcas, analiza el despliegue de medidas, también sin precedentes, y su potencial eficacia para mitigar los efectos económicos de la pandemia, además de realizar una comparativa europea.
Santiago Carbó y Francisco Rodríguez explican en su trabajo que las políticas de financiación son esenciales pero señalan que, en comparación con EEUU, la UE ha tardado en reaccionar y con un gradualismo quizá mayor del necesario. Del análisis de ayudas hasta el momento también se deduce que, como porcentaje de PIB, las concedidas en España y en el sur de Europa son menores que en países como Alemania. Estas diferencias pueden provocar una salida de la crisis asimétrica en los diferentes países europeos y en el impacto final sobre los sectores financieros.
Para los autores, seguramente es el momento de entrar en el perímetro de las ayudas directas, mediante financiaciones mixtas, orientadas a la recapitalización de las empresas de determinados sectores, o mediante un mayor uso de la titulización de la deuda a corto plazo con el respaldo de alguna de las instituciones financieras públicas.
Entre las medidas fiscales aprobadas, una de las más relevantes es el aplazamiento de impuestos y cotizaciones para autónomos y pymes, analizado por Desiderio Romero- Jordán y José Félix Sanz-Sanz. En esencia, las normas aprobadas permiten aplazar durante seis meses los principales impuestos estatales y las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de los impuestos, el periodo de aplazamiento es más largo que en la mayoría de países de la UE, y menor al de Reino Unido o Suecia, donde el diferimiento puede extenderse hasta los 12 meses. Sin embargo, el volumen de recursos movilizados en España es inferior al de Alemania, Francia, Italia, Dinamarca o Bélgica, puesto que aquí está restringido a empresas con menos de seis millones de euros de facturación en 2019 y hay límites en cuanto a las cantidades aplazadas. En las cotizaciones sociales, en cambio, el diferimiento no establece umbrales por volumen de ingresos de las empresas ni límites al volumen de cuotas beneficiadas.
La otra cara de la política de ayudas públicas a las empresas y al mantenimiento del empleo, de la caída de ingresos por la paralización económica y del aumento del gasto social, será el crecimiento del déficit público. El artículo de Santiago Lago analiza las perspectivas sobre el déficit público en 2020. Para ello descompone el déficit previsto como la suma de tres elementos esenciales: el déficit estructural previo a la crisis, el déficit cíclico asociado a la pérdida de PIB y las medidas discrecionales que ha adoptado el Gobierno para combatir la crisis.
El déficit estructural en España es uno de los más elevados de la UE, la Comisión Europea lo situaba por encima del -3% en 2020. En segundo lugar, con una caída del PIB del 9,3% como la pronosticada por el Gobierno, el output gap (diferencia entre el PIB obsevado y el PIB potencial) se iría a -11% y la componente cíclica del déficit se situaría alrededor de -6,5%. En cuanto a la discrecional, la incertidumbre es mayor y es una cifra abierta a nuevas decisiones del Gobierno -como el ingreso mínimo vital que podría suponer entre tres y cuatro décimas de PIB adicionales de gasto- por lo que se situaría al menos en dos puntos porcentuales de PIB. De esta forma, el déficit público total se irá este año, muy probablemente, más allá del -11,5% del PIB.
Joaquín Maudos realiza en su artículo un análisis comparativo de la banca española en el contexto europeo, para mostrar la salud de partida ante las consecuencias económicas del coronavirus. La banca española afronta la crisis en mejores condiciones que en la anterior recesión. Su coeficiente de solvencia es 4,2 puntos porcentuales superior al que había antes de la crisis de 2008, aunque está más de dos puntos por debajo de la eurozona -se sitúa en el 15,5%, frente al 17,8% de la eurozona-, y su colchón de capital por encima del mínimo regulatorio, algo más de 110.000 millones de euros. También parte de un nivel de rentabilidad sobre recursos propios (ROE) (7,1%) superior al promedio de la eurozona (6,1%) y de una mejor eficiencia.
No obstante, la intensidad de la caída del PIB se traducirá en mayor morosidad y, por tanto, en la necesidad de provisiones. Además, la eficiencia de la banca española se ha resentido en los últimos años y la diversificación geográfica del negocio no va a ser tan importante como en la anterior crisis. En consecuencia, la banca debe perseverar en el proceso reductor de costes.
El artículo de Marta Alberni, María Rodríguez y Fernando Rojas señala que la batería de medidas desplegadas por las autoridades reguladoras y supervisoras tanto en el ámbito nacional como en el internacional para hacer frente a la crisis otorga a la banca un potente alivio en términos de capital y de liquidez con la que poder mitigar esta crisis sobrevenida. Así, por ejemplo, la reducción del requerimiento de capital en un 4% libera un total aproximado de 58.200 millones de euros para el conjunto del sistema bancario español. El volumen de capital liberado representa un porcentaje importante, casi un 15%, de la masa total de crédito al sistema productivo, lo que otorga un importante colchón de seguridad. •••
