El 10 de octubre, en el Senado, la Fundación para el avance de la Libertad y la Tax Foundation presentarán los resultados de su VII Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, en el que tras deflactar las tarifas del IRPF – a lo que se ha negado el Gobierno central- las tres diputaciones vascas se sitúan en las posiciones 2, 3 y 4 solo por detrás de Madrid. El estudio recoge datos tan sorprendentes como que la Comunidad de Valencia y Extremadura, con un tipo marginal máximo del 3,75% en el impuesto de Patrimonio, tienen los tipos más altos de España…y del mundo. O que en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones el tipo máximo del gravamen -una vez aplicados los coeficientes multiplicadores por parentesco y patrimonio preexistente- puede llegar a alcanzar el 87,6%, el gravamen más elevado de toda Europa.

 

El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) permite a los gobernantes, empresarios y contribuyentes de una comunidad evaluar, medir y comparar su sistema fiscal con el de las demás. Este Índice ha sido diseñado para analizar cómo de bien estructurado está el sistema fiscal en cada comunidad autónoma. Además, sirve de guía para que cada región pueda mejorar su sistema tributario haciéndolo más competitivo y atractivo para empresarios y residentes.

Los cinco territorios más competitivos fiscalmente

Lo que diferencia a las comunidades del Top 5 frente a las demás es su buena calificación en cada uno de los cinco componentes del ranking. Es decir, entre las cinco comunidades autónomas con peor puntación de cada subíndice, no estarán ni Madrid, ni Álava, ni tampoco Vizcaya, Guipúzcoa o Andalucía.

Madrid se mantiene en la primera posición aunque empeora ligeramente su puntuación en 0,1 ya que la diferencia con respecto a las demás comunidades autónomas se reduce. Siguiendo las recomendaciones del IACF de 2022, Madrid deflacta todos los tramos de renta, los mínimos personales y familiares y mejora la deducción por familia numerosa.

La diferencia entre las tres diputaciones del País Vasco, que ocupan la segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente, es dada por las diferencias en el Impuesto sobre la Renta y, en especial, en Impuesto sobre el Patrimonio, ya que la regulación de este último en Álava es peor que en Vizcaya, mientras que la situación en Guipúzcoa es más deficiente aún, lastrando a Guipúzcoa hasta llevarla a la decimotercera posición.

Aunque las tres diputaciones vascas siguen ocupando la segunda, tercera y cuarta posición, Álava adelanta a Vizcaya al aprobar una minoración en la cuota de hasta 200 euros para los contribuyentes con una base liquidable inferior a 35.000 euros. Además, Álava también ofrece una deducción complementaria por hijo que las otras dos diputaciones no tienen. No obstante, las tres diputaciones han deflactado la tarifa del Impuesto sobre la Renta y los mínimos personales y familiares.

Guipúzcoa podría mejorar su posición si elevara las deducciones en el Impuesto sobre el Patrimonio al nivel de Vizcaya reduciendo, a la vez, la tarifa del impuesto. Además las tres diputaciones podrían equiparar la bonificación del rendimiento neto del trabajo al de las comunidades de régimen común, de modo que los contribuyentes con ingresos brutos de en torno a 15.500 euros no paguen más que en las demás comunidades autónomas. También se debería equiparar el escudo fiscal del Impuesto sobre el Patrimonio con el resto de las comunidades autónomas.

Andalucía sube de la séptima a la quinta posición ya que mejora su puntación en 0,37 puntos. Para el año 2023, deflacta la tarifa de los dos primeros tramos del Impuesto sobre la Renta, los mínimos personales y familiares y bonifica al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio. Andalucía podría mejorar aún más si elimina la mayor parte de los impuestos autonómicos y reordena el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ya que las diferentes reformas inconexas generan deducciones tanto en la cuota como en la base, deducciones que dependen del patrimonio preexistente de quien lo adquiere y que hacen que el impuesto sea tremendamente complejo. También podría aplicar a los familiares del grupo III (hermanos, tíos y sobrinos) las mismas bonificaciones y reducciones que las aplicadas al grupo I y II. Otra medida sería reformar el Impuesto sobre la Renta reduciendo los tipos impositivos en todos los tramos entre 1 y 2 puntos, con un tipo impositivo máximo del 20,5%, para alcanzar un tipo marginal máximo conjunto estatal y autonómico del 45%, parecido al de Reino Unido.

Los cinco territorios menos competitivos fiscalmente

Las comunidades con peor puntuación general obtienen notas bajas en casi todos los componentes del índice pero especialmente en los tres impuestos más importantes: Renta, Patrimonio y Sucesiones.

Cataluña, en la última posición, sigue contando con el doble de impuestos autonómicos que las demás comunidades a pesar de haber derogado cuatro en el último año por la entrada en vigor del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos.

Además, reforma el Impuesto sobre el Patrimonio añadiendo un nuevo tramo para los patrimonios de más de 20 millones de euros. La Comunidad Valenciana se mantiene en la decimoctava posición ya que tiene uno de los sistemas más gravosos en términos de Sucesiones, Patrimonio, Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como bajas calificaciones en absolutamente todos los componentes del Índice. Además para el año 2023 aprueba una serie de reformas que reducen su competitividad fiscal. Si en un primer momento, reduce el tipo mínimo del Impuesto sobre la Renta, deflacta la tarifa de los primeros tramos de renta, los mínimos personales y familiares así como la deducción por familia numerosa, posteriormente incrementa los tipos impositivos para las rentas superiores a 52.000 euros. También sube el tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio, al 3,75%, el más elevado de toda España y del mundo. Crea un nuevo impuesto autonómico y sube el tipo impositivo para las transmisiones patrimoniales. Sin embargo, con el cambio de gobierno en 2023, la Comunidad Valenciana, reforma del Impuesto sobre Sucesiones, subiendo la bonificación del impuesto hasta el 99% para los familiares cercanos. No obstante, la Comunidad Valenciana necesita reformas fiscales de calado en cada una de las áreas analizadas para mejorar su competitividad fiscal.

Asturias baja de la decimosexta a la decimoséptima posición por la falta de reformas. Para el año 2023 únicamente amplió la deducción para las familias numerosas e introdujo una nueva deducción por descendientes. Asturias necesita una reforma urgente del Impuesto sobre la Renta y, en especial, del de Sucesiones ya que los asturianos son, con diferencia, quienes más pagan por este impuesto.

Aragón sube un puesto hasta la decimosexta posición, al retocar el Impuesto sobre la Renta. Por un lado, aumenta el tipo marginal máximo en 0,5 puntos, por otro, rebaja el tipo mínimo y reduce el número de tramos. Aragón se sitúa entre las peores regiones, decimosexta y decimoséptima respectivamente, en dos impuestos clave: Patrimonio y Sucesiones. Las reformas del Impuesto sobre la Renta, Patrimonio y Sucesiones anunciadas por el nuevo gobierno de Aragón son importantes pero aún insuficientes. Aragón necesita deflactar de forma automática todos los tramos del Impuesto sobre la Renta (no solo los cinco primeros) y los mínimos personales y familiares con la inflación. En el Impuesto sobre el Patrimonio, aparte de subir el mínimo exento a setecientos mil euros (que era una de las propuestas del actual presidente a la fecha de elaboración de este estudio) el impuesto se debería bonificar al 100%. Aragón también necesita reformar el Impuesto sobre Sucesiones subiendo la bonificación del impuesto hasta el 99% para los familiares cercanos.

Extremadura se mantiene en la decimoquinta posición en 2023 al no haber emprendido ningún tipo de reformas en lo que va de año. Actualmente, y tras haber reformado el Impuesto sobre Sucesiones en 2018, necesita reformar profundamente el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Renta, en cuyos índices ocupa la última y penúltima posición. Durante la elaboración de este informe, el nuevo gobierno de Extremadura anunció una bonificación del Impuestos sobre el Patrimonio del 100%, una reducción de los tipos impositivos del Impuesto sobre la Renta y la derogación del impuesto sobre las viviendas vacías. De aprobarse, estas reformas están perfectamente alineadas con las recomendaciones de este Índice.

Variaciones relevantes

Las variaciones más relevantes en el ranking se producen en la parte media del ranking.

Murcia sube cuatro posiciones en el ranking general hasta la sexta posición. En primer lugar, en 2023 concluyó la reforma escalonada aprobada en 2019 que rebajaba los tipos impositivos aplicables en todos los tramos de renta. No obstante y a pesar de reformar el Impuesto sobre la Renta rebajando los tipos impositivos de los primeros tramos, Murcia baja una posición hasta la séptima en el subíndice correspondiente. Sin embargo, la reforma más importante aprobada para el año 2023, se da en el Impuesto sobre el Patrimonio al aumentar el mínimo exento de 700.000 euros a 3,7 millones de euros.

Por otro lado, Castilla-La Mancha y Cantabria, a pesar de no haber realizados reformas importantes en el último año, suben una posición hasta la decimoprimera y decimosegunda por la bajada de Navarra.

El mayor retroceso se da en Canarias, que baja tres posiciones hasta la octava, por la subida de Andalucía, Murcia y el menor retroceso de Castilla y León. No obstante, al deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta para las rentas más bajas y de aumentar ligeramente la deducción para las familias numerosas, Canarias subió una posición en el subíndice correspondiente.

Navarra también retrocedo dos posiciones hasta la decimo-tercera. A pesar de elevar el límite establecido para la obtención de rendimientos brutos de trabajo por debajo del cual no existe obligación de declarar de 12.600 a 14.500 euro, Navarra retrocede 3 posiciones en el subíndice correspondiente. Esta reforma llega cinco años después de una reforma similar a nivel estatal y dos años después de la reforma implementada por las diputaciones del País Vasco. Sin embargo, al no haber subido la bonificación del rendimiento del trabajo hasta el mismo nivel, las rentas bajas, pero por encima de 14.500 euros, siguen pagando más que en las demás comunidades de régimen común. Navarra también reforma el Impuesto sobre el Patrimonio, añadiendo un nuevo tramo con un tipo marginal del 3,5%.

A pesar de las reformas implementadas en 2023 en renta y patrimonio, Galicia baja una posición hasta la novena por la subida de Murcia. Castilla y León y La Rioja también bajan una posición hasta la séptima y décima posición por la subida de Murcia y Andalucía.

Competitividad Fiscal Internacional

Para entender mejor la importancia de tener uno sistema fiscal competitivo a nivel regional y de comunidades autónomas es necesario situar el sistema tributario autonómico en el contexto internacional, ya que las comunidades autónomas no solo compiten entre sí sino que también compiten con Alemania, Francia o Portugal.

Al comparar las comunidades españolas, con los países europeos se observa que tanto las comunidades autónomas como las diputaciones vascas tienen unos tipos impositivos en renta, patrimonio y sucesiones y donaciones muy por encima de la media de los países europeos.

En el Impuesto sobre la Renta todas las comunidades autónomas más las tres diputaciones vascas tienen tipos impositivos marginales máximos por encima de la media de los países analizados (42,65%). Es más, diez comunidades autónomas, Comunidad Valenciana (54%), Navarra, La Rioja, Canarias, Asturias, Cantabria, Cataluña, Aragón, Baleares y Extremadura, más las tres diputaciones vascas tienen un tipo impositivo máximo más alto que Alemania (47,5%). Madrid es la única comunidad que ha mantenido un tipo impositivo máximo del 45%, en sintonía con los demás países europeos como Alemania, Reino Unido, Luxemburgo, Suiza, Noruega, los países de este de Europa o los bálticos.

España es, con diferencia, también el país con el mayor gravamen sobre el patrimonio, un impuesto casi desaparecido y que únicamente se mantiene en Suiza, a nivel cantonal, y en Noruega. Las comunidades autónomas ocupan las primeras posiciones al aplicar un tipo impositivo máximo que va del 3,75% en Extremadura y Comunidad Valenciana, al 1,25% en Galicia. Le siguen Noruega con el 1,1%, Suiza con el 0,702% y Madrid y Andalucía con el 0%, por la bonificación que aplican estas dos comunidades autónomas. Para que las comunidades autónomas sean competitivas tanto a nivel regional como internacional es necesario no solo reducir del tipo máximo sino abolir o bonificar al 100% el impuesto sobre el patrimonio, siguiendo el ejemplo de Alemania, Suecia, Finlandia, Italia o la vecina Francia. Además, por su reducida capacidad recaudatoria (menos de 0,5% de la recaudación total), el Impuesto sobre el Patrimonio es un instrumento de redistribución inadecuado. Sin embargo, en lugar de derogarlo, se aprobó y entró en vigor un nuevo impuesto estatal temporal (para el año 2022 y 2023) de solidaridad de las grandes fortunas con un tipo impositivo máximo del 3,5%.

En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones el tipo máximo del gravamen una vez aplicados los coeficientes multiplicadores por parentesco y patrimonio preexistente alcanza el 87,6%, el gravamen más elevado de toda Europa. Es más, quince de los países europeos que aún mantienen el impuesto tienen tipos impositivos máximos más reducidos que los de cualquier comunidad autónoma española. Para que las comunidades autónomas sean competitivas tanto a nivel regional como internacional es necesario, como mínimo, eliminar los coeficientes multiplicadores reduciendo así el tipo impositivo máximo hasta el 34% (36% en Asturias y Murcia).

No obstante, dada su reducida capacidad de recaudación (0,76% de la recaudación fiscal total), redistribución, el impacto negativo que el impuesto tiene sobre la actividad empresarial, el ahorro y el empleo los policymakers deberían considerar su completa derogación como hizo Suecia hace casi dos décadas.

Actualmente las comunidades autónomas tienen la capacidad y la oportunidad para reducir los tipos impositivos de renta, patrimonio y sucesiones y donaciones, para alinearse con los países europeos. Es más, todas las comunidades autónomas deben abogar por la bonificación del 100% del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

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