A principios de ese año, la cifra estimada de extranjeros no comunitarios en situación irregular ascendía a 686.000. Entre ellos, predominaban los extranjeros con nacionalidades americanas, muy por delante de quienes ostentaban nacionalidades africanas. La magnitud de estas estimaciones de población en situación irregular en España pone de relieve las insuficiencias del modelo de gestión de la migración.
Desde 2017 la población de nacionalidades no comunitarias residente en España ha aumentado sustancialmente. A 1 de enero de 2023 alcanzó un nuevo máximo de 4,1 millones. Aunque aún no hay cifras definitivas correspondientes a 2024, si se mantuviera la proporción de no comunitarios en la población extranjera estimada por el INE, se habría alcanzado ya un nuevo máximo, de casi 4,4 millones. Así se recoge en el primer número de Notas de Coyuntura Social, publicación trimestral de Funcas que aborda temas de actualidad a partir del análisis de fuentes estadísticas que permitan dimensionar los problemas sociales y contribuir a la reflexión y al debate público.
Una parte de esa población extranjera no comunitaria, entendida aquí como la que cuenta con una nacionalidad distinta de las de los Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y los países de la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), se halla en situación administrativa irregular. Según estimaciones de Funcas, a principios de 2023 el número de personas en esa situación ascendía a 686.000 (el 17% de la población no comunitaria residente entonces en España). Entre ellas destacan las que acreditan nacionalidades americanas (600.000 personas), claramente por delante de las que ostentan nacionalidades europeas no comunitarias (alrededor de 51.000) y africanas (cerca de 35.000). Habida cuenta del incremento de población extranjera puesto de manifiesto por otras fuentes estadísticas en 2023 y la tendencia creciente en el número de inmigrantes en situación irregular observada en los últimos años, no es arriesgado suponer que la cifra total de estos se sitúa en la actualidad por encima de 700.000.
Estas cifras superan ampliamente las que de forma habitual aparecen en distintos foros y medios como estimación del número de potenciales beneficiarios de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada recientemente en el Congreso de los Diputados y que pretende legalizar la situación de aquellos extranjeros que, antes del 1 de noviembre de 2021, residían en territorio español. En efecto, se suele tomar como referencia del número de personas que se podrían beneficiar de esta iniciativa la cifra de 500.000, lo que convertiría a esta regularización extraordinaria en la segunda más extensa de las efectuadas hasta ahora, solo por detrás de la última, de 2005, en la que se aceptaron 576.506 solicitudes. Sin embargo, a pesar de su magnitud, la nueva regularización extraordinaria dejaría fuera a aquellos extranjeros que, habiendo llegado a España después del 1 de noviembre de 2021, todavía no han conseguido regularizar su situación administrativa a través de los cauces legales previstos. De las estimaciones de Funcas se desprende que este grupo podría sobrepasar las 200.000 personas.
La considerable dimensión de estas estimaciones de población extranjera en situación irregular en España pone de relieve las insuficiencias del modelo de gestión de la migración, con unos canales de regularización que no se adaptan al contexto actual de intensos flujos migratorios de entrada. Aplicado desde 2005, el mecanismo de regularización por arraigo (social, familiar, laboral y, desde 2022, de formación) ha regularizado de forma individual y continua la situación de buena parte de los inmigrantes si han residido en España al menos dos o tres años, dependiendo del tipo de arraigo. El establecimiento de este mecanismo, si bien ha evitado la urgencia de regularizaciones extraordinarias durante casi dos décadas (que exigen esfuerzos de gestión administrativa también extraordinarios), no ha impedido que en momentos de gran intensidad de llegadas de extranjeros, como el actual, el número de quienes carecen de autorización administrativa para residir en España alcance cifras elevadas.
Las regularizaciones extraordinarias que se realizaron en el periodo 1986-2005 recibieron amplio apoyo de diferentes sectores de la sociedad española, que han valorado la integración de estos inmigrantes en el mercado laboral formal y su contribución al sistema de Seguridad Social y, en definitiva, al crecimiento de la economía. Sin embargo, el recurso a las regularizaciones extraordinarias evidencia un problema característico de la política migratoria española: la falta de planificación y proactividad.
La utilización de herramientas más proactivas de gestión de la migración (como colaboraciones con los países de origen para la migración y la formación, o acuerdos de migración laboral dirigidos a sectores u ocupaciones específicos) podría mejorar la gestión de los flujos migratorios, facilitar la integración económica y social de los inmigrantes y contribuir a una política migratoria más coherente y efectiva
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