Photo by Bill Oxford on Unsplash

La Fundación Pro Bono da sus primeros pasos en España para resolver aquellos problemas jurídicos de las entidades sin ánimo de lucro

 

En Estados Unidos, un abogado dedica al año una media de 70 horas a trabajar gratis para colectivos desfavorecidos. En España, no llega a 11 horas dedicadas a lo que se conoce como Pro Bono. Los datos nos los ofrece una persona que conoce muy bien el sector, que llega a España después de trabajar en estos temas en Nueva York y que lanza ahora la Fundación Pro Bono.  “Llevamos tres años con el proyecto, con la idea de convertirnos en intermediarios entre las entidades sin ánimo de lucro y los despachos de abogados, para fomentar el Pro Bono, para que tengan acceso gratuito a servicios jurídicos más allá del turno de oficio, pero hasta ahora hemos estado digamos en fase de pruebas”, nos reconoce Leire Larracoechea, directora ejecutiva y cofundadora de la Fundación Pro Bono. Nos aporta un dato más: “el 56% de los abogados conoce el pro bono, en cambio, entre las entidades como ONG, asociaciones o fundaciones, que son las que podrían beneficiarse de ello, solo un 29% tiene conocimiento de su existencia”. En nuestro país, la Fundación Accenture lleva muchos años ayudando al tercer sector en pro bono estratégico, echándoles una mano en cómo gestionar la organización, impulsar su digitalización, buscar nuevas vías de financiación… Sin embargo, la nueva Fundación Pro Bono está claramente orientada al ámbito jurídico, por lo que vienen a cubrir un vacío.

Para ello, hasta la fecha, su directora ha reunido en un mismo patronato a 32 despachos con unos 3.200 profesionales. Todos ellos estarán a partir de ahora dispuestos a dedicar parte de su tiempo a proyectos con entidades no lucrativas. Entre ellos, por mencionar a algunos de los más representativos, podemos hablar de Cuatrecasas, Garrigues, Roca Junyent, Pérez-Llorca, Clifford Chance… “Nosotros haremos de intermediarios entre los responsables de las fundaciones y ONGs, detectaremos sus necesidades y a partir de ahí identificaremos qué despacho o profesional es el más idóneo para atender cada caso”. También añade Larracoechea que, de esta manera se evitará duplicar el trabajo. Y pone un ejemplo: “Las asociaciones en España lo tienen cada vez más complicado para ser declaradas de utilidad pública. Ya hemos ayudado a una entidad a preparar toda la documentación necesaria para conseguir ese objetivo con un despacho y ahora esa experiencia podemos replicarla al resto de entidades que tengan el mismo problema. Es un tema que va más allá de los beneficios fiscales, es una forma que tienen de ver reconocido el trabajo que están haciendo”. 

Photo by Sebastian Pichler on Unsplash

Le preguntamos por cuáles son las necesidades jurídicas más habituales entre estas instituciones. “Hay muchas por ejemplo relacionadas en los temas laborales, con la contratación, sobre convenios colectivos, sobre los registros de fiscalidad, si se pueden dar de alta o no como fundación, sobre los convenios de colaboración que firman con otras entidades, cómo publicitar las colaboraciones que tienen… También hay muchas dudas sobre el tratamiento de los datos a raíz de la entrada en vigor en mayo de 2018 del reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea porque muchas instituciones trabajan con colectivos de especial protección”.

La directora de la Fundación Pro Bono confirma que el pro bono jurídico en España “ha ido creciendo desde 2007 a buen paso”. “Hemos recuperado parte de nuestro retraso histórico y cubrimos el vacío que hasta ahora venía existiendo en lo que se refiere a la coordinación. Hasta ahora ha habido iniciativas dispersas y fragmentadas”. Entre sus objetivos se encuentra por lo tanto promover el pro bono en España, que no sea algo exclusivo de Madrid y que alcance también a “todos los rincones de la profesión jurídica (procuradores, registradores, en las empresas… que todos puedan hacerlo)”. Otro de los campos en los que trabajarán será en el de la enseñanza, mano a mano con las universidades, para transmitir desde las aulas el interés de los nuevos profesionales por dedicar parte del trabajo al pro bono.

Para beneficiarse de estos servicios jurídicos gratuitos, las entidades sin ánimo de lucro que así lo deseen les bastará con ponerse en contacto con la Fundación Pro Bono y a partir de ahí analizarán el caso y les pondrán en contacto con el gabinete que mejor pueda atender sus necesidades. Leire Larracoechea ver “difícil replicar el modelo de Estados Unidos”, pero si le preguntamos cómo se ve dentro de cinco años, lo tiene claro: “En una fundación que atiende muchas solicitudes”. •••