Así lo refleja la monografía Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, que han publicado hoy la Fundación Ramón Areces y el Ivie, elaborada por el equipo de investigación del Ivie dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert. Según este análisis, acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone un 1,8% del PIB del país.

Así, si definimos, como es habitual, el riesgo de pobreza como una renta por debajo del 60% de la mediana (el valor que separa al 50% de población con más ingresos de aquella con menos) y la pobreza extrema o exclusión como una renta por debajo del 40% de la mediana, encontramos que en 2025 el 19,5% de la población española está en riesgo de pobreza, una tasa que se ha reducido un 12% entre 2015 y 2025. Mayor ha sido el descenso del porcentaje de personas que sufren pobreza extrema o exclusión, que ha caído un 28% en ese mismo periodo hasta situarse en el 8% en 2025.

También se ha reducido la desigualdad dentro de este colectivo. Si en 2015, el 50,4% de las personas en riesgo de pobreza estaba también en riesgo de exclusión, en 2025 ese porcentaje se ha recortado en casi diez puntos, hasta el 41,3%.

Teniendo en cuenta no sólo la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión, sino sus rentas medias, podemos calcular la renta que haría falta para eliminar la pobreza. Se estima que acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone un 1,8% del PIB del país. Por su parte, eliminar el riesgo de exclusión tendría un coste mucho más reducido, alrededor de 8.800 millones de euros anuales, lo que representa un 0,7% del PIB de cada uno de los años del periodo analizado. El estudio detecta diferencias significativas en el riesgo de pobreza y exclusión tanto entre comunidades autónomas, como entre colectivos (jóvenes, mujeres, trabajadores con empleo temporal). Por ello, propone una orientación más específica de los instrumentos de protección social.

Otro aspecto destacable que muestra este estudio es que tener un empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 33% de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas. Un porcentaje medio que sube hasta el 40% en el caso de Illes Balears, pero que no baja del 25% en ninguna región en 2025. Aunque la tasa de pobreza de la población ocupada se ha reducido desde el 14,8% de 2015 hasta el 11,6% de 2025, sigue siendo muy elevada en algunas comunidades autónomas. En Andalucía alcanza el 17,4%, mientras que en Navarra, la probabilidad de que las personas con trabajo entren en riesgo de pobreza es solo del 6%.

Para acceder a la monografía completa: Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios

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