Javier Martín Cavanna
Fundador y director de Fundación Haz

El sector fundacional es el único sector que no cuenta en la actualidad con un código de buen gobierno, a diferencia del sector empresarial (Código Unificado) y del sector público (Código del Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del estado).

Con la sola excepción de Cataluña, donde la Coordinadora Catalana de Fundaciones impulsó hace unos años un Código de buen gobierno y buenas prácticas de gestión para las fundaciones con el asesoramiento de la Fundación Haz, en el resto del territorio español las fundaciones carecen de una iniciativa similar que pueda servirles de referente.

Estados Unidos es el país en donde las prácticas de buen gobierno están más extendidas. La iniciativa de autorregulación más importantes son los Principles for Good Governance and Ethical Practices. A guide for charities and foundations impulsadas por el Panel on the Nonprofit Sector.

En el ámbito iberoamericano Brasil, el Grupo de Institutos y Fundaciones Empresariales (GIFE) en colaboración con el Instituto Brasileiro de Gobernanza Corporativa (IBGC) publicó la Guía de las mejores prácticas de Buen Gobierno para Fundaciones e Institutos Empresariales.

Con la Guía de recomendaciones de transparencia y buen gobierno de fundaciones el Laboratorio de la Fundación Haz quiere contribuir a rellenar una persistente laguna en el ámbito del buen gobierno en el sector fundacional español.

Al igual que se hizo con la iniciativa catalana, en la elaboración de esta Guía se ha tenido muy presente la enorme riqueza y heterogeneidad del sector fundacional.Esa diversidad, sin embargo, no impide que todas las fundaciones, con independencia de sus dimensiones y su estructura, compartan unos principios de sana gobernanza.

La variedad y diversidad de las fundaciones ha motivado que gran parte del trabajo de la Guía se haya centrado en discernir aquellas recomendaciones que son comunes a todas las fundaciones en el ámbito del buen gobierno, de aquellas otras cuya aplicación se dirige a las entidades que tienen una mayor dimensión o que reúnen algunas características específicas.

Esta flexibilidad, junto al carácter voluntario de la mayoría de las recomendaciones, refuerza la autonomía y, al mismo tiempo, la responsabilidad del patronato de la fundación, como principal garante e impulsor de las prácticas de buen gobierno.

El objetivo de esta Guía no persigue imponer prescripciones generales de obligado cumplimiento a todas las funciones, sino ofrecer a sus órganos de gobierno un conjunto de recomendaciones, avaladas por la práctica nacional e internacional, para que reflexionen sobre las mismas, las contrasten con su modo actual de operar y disciernan cuáles, de entre ellas, pueden contribuir a mejorar su sistema de gobernanza.

La autonomía de los órganos de gobierno, sin embargo, no está reñida con la necesidad de que asuman una mayor exigencia y responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Cuando los patronatos acometan mejoras en sus sistemas de gobernanza –y no tenemos ninguna duda que deben llevarlas a cabo con urgencia– deben ser sanamente ambiciosos.

Avanzar y rendir cuentas

Pero una guía de recomendaciones se quedaría coja si luego no hay una herramienta que ayude a transparentar cómo se viven esas prácticas, por eso hemos desarrollado este Modelo de informe anual de gobierno de fundaciones que tiene el doble objetivo de rendir cuentas de los principales mecanismos de gobernanza que existen en la organización y de cómo cumple algunas prácticas de buen gobierno.

La rendición de cuentas de los patronatos resulta imprescindible para corregir la actual inercia y pasividad de muchos patronatos, para los que la evaluación del desempeño sigue siendo una práctica absolutamente desconocida. Como órganos situados en el vértice de la pirámide, no están acostumbrados a rendir cuentas a nadie y el marco institucional no les facilita tampoco hacerlo, pues a diferencia de los consejos de administración de las empresas no cuentan con unos propietarios (accionistas) a los que responder de sus actuaciones.

Tampoco existe en el sector fundacional, a diferencia del sector de las empresas cotizadas (CNMV) o del sector fundacional de algunos países (Internal Revenue Service en EE.UU. o Charity Commission en Reino Unido), un órgano de control eficaz que supervise las prácticas de gobierno del patronato.

El protectorado sigue siendo un organismo infradotado, en términos de recursos económicos, tecnológicos y humanos, que se limita a cumplir funciones de control y supervisión puramente administrativas. De ahí la conveniencia de dotarse de herramientas de autorregulación, como el informe anual de gobierno, que incentiven al patronato a examinarse y rendir cuentas periódicas de su funcionamiento y del seguimiento de las prácticas de buen gobierno.

Confiamos en que este modelo de informe anual de gobierno ayude a los patronatos a cumplir mejor sus funciones de impulso y supervisión de las fundaciones de las que forman parte, lo cual redundará en un mayor impacto de las actividades que estas prestan en beneficio de toda la sociedad. •••

“La rendición de cuentas resulta imprescindible para corregir la actual inercia y pasividad de muchos patronatos, para los que la evaluación del desempeño sigue siendo una práctica absolutamente desconocida”