España es el país europeo donde más fuertes son las mafias de la ocupación, conectadas con determinados movimientos sociales y políticos. La Guía Práctica publicada por la Fundación recoge consejos para la prevención de la ocupación y de la “alquiocupación” así como recursos para combatirla.
La Guía Práctica elaborada por la Fundación para el Avance de la Libertad, con sede en Madrid, es la más reciente publicación sobre el problema de la ocupación ilegal de viviendas en nuestro país. Además de un extenso directorio de oficinas antiocupación de las administraciones públicas, bufetes especializados, empresas de mediación y desocupación y otros recursos, el informe recoge el panorama actual de la ocupación en España y lo acompaña de datos económicos y jurídicos.
La ocupación ilegal produce entre quince mil y veinte mil denuncias anuales, estimando los autores que la ocupación media de viviendas en todo el territorio nacional se sitúa probablemente en el entorno de las cien mil, una vez tenidas en cuenta las ocupaciones no denunciadas y las persistentes de ejercicios anteriores.
España es el país europeo donde más grave es el problema de la ocupación, que además afecta de manera especialmente acuciante a infinidad de pequeños propietarios vulnerables y, en muchos casos, de edad avanzada. Esto se debe a la composición de nuestro patrimonio inmobiliario, especialmente atomizado en comparación con otros países. Por otro lado, destaca la elevada ocupación de viviendas pertenecientes a las administraciones públicas, en detrimento de los ciudadanos a quienes se destinan por realojo u otras intervenciones sociales. Tanto es así que en algunas comunidades autónomas está “okupado” más del 10% de su parque de viviendas, y en ocasiones los “okupas” recurren a esta vía ilegal pese a estar en trámites de realojo, saltándose así la lista de espera.
Entre los factores que hacen especialmente grave el caso español se encuentran la presencia y sofisticación de las mafias ocupadoras, sospechándose conexiones diversas con movimientos sociales y políticos extremistas pero también, en algunos casos puntuales, con determinados mediadores profesionales. También impulsa el fenómeno la extremada protección que nuestro Derecho concede al concepto arcaico de “morada” que no existe en otros ordenamientos jurídicos, así como la lentitud de los juicios y de los desalojos. Sin embargo, el factor más grave es la connivencia a lo largo de los años de algunas formaciones políticas que han apoyado al movimiento “okupa”.
El falso relato pro-ocupación presenta familias jóvenes con niños pequeños y mala suerte en la vida, pero esos casos son puntuales, siendo mucho más habitual la “okupación” en grupo por parte de comunidades más amplias, altamente ideologizadas y con frecuencia implicadas en redes delictivas como la del narcotráfico minorista u otras. No es sorprendente que España, que presenta según diversas fuentes uno de los mayores rechazos sociales de Europa a la economía de libre mercado y a los derechos de propiedad, sea terreno abonado para la proliferación de los relatos que romantizan y tratan de normalizar la ocupación ilegal de viviendas.
Los autores señalan que la ocupación, además de perjudicar gravísimamente al propietario y a su inmueble, deteriora también las áreas comunes y la convivencia vecinal, produce mermas a las empresas de suministros, tiene un efecto depreciador sobre las zonas de alta incidencia y provoca ventas que favorecen la acumulación inmobiliaria por parte de los grandes tenedores. Este efecto también lo provoca el intervencionismo sobre los precios de alquiler. El Secretario General de la Fundación, Juan Pina, ha declarado que “acabar con la lacra de la ocupación ilegal de viviendas es un reto crucial de nuestro país”. “Tenemos la fortuna de ser un país de pequeños propietarios —ha añadido— y el fenómeno okupa pone en riesgo esa realidad”.
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